La Constitución en la gestión de la crisis sanitaria

La pandemia de la Covid-19 ha puesto a prueba los instrumentos constitucionales y legales de excepción para hacer frente a su gestión, lo que ha suscitado y suscita dudas e incertidumbres. El 14 de marzo el Gobierno decretó el estado de alarma en todo el país, prorrogado en seis ocasiones sucesivas con la correspondiente y progresivamente controvertida autorización parlamentaria, hasta el 21 de junio. El Derecho de la emergencia, contenido en instrumentos legales de excepción y de urgencia y en normas de inferior rango, expresión de los poderes extraordinarios del Ejecutivo en la excepción constitucional, afectó a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Posteriormente, ante la permanencia de la pandemia y sus rebrotes, las Comunidades Autónomas adoptaron medidas limitativas de derechos fundamentales con base en las previsiones de la legislación sanitaria y previa autorización judicial, que no siempre se produjo, ni con igual contenido y alcance. La declaración por el Gobierno de un nuevo estado de alarma con un plazo prórroga de larga duración, autorizada por el Congreso de los Diputados, y gestionado por las Comunidades Autónomas, ha originado nuevos interrogantes sobre la adecuación y suficiencia de los instrumentos del Derecho constitucional de excepción y de la legislación sanitaria en una pandemia sin precedentes. En todo ello es crucial preguntarse por la situación de los derechos fundamentales en la pandemia. ¿Cómo evaluar la acción de los poderes públicos para evitar tanto la pérdida innecesaria de libertad, como para garantizar la suficiente protección de los derechos fundamentales, en primer lugar del derecho a la vida? Ante la controversia pública producida en relación con las medidas limitativas de derechos, las distintas Administraciones argumentan que aplican recomendaciones de las autoridades sanitarias y de expertos. Sin embargo, en ocasiones, los expertos han manifestado su preocupación por la pasividad de las Administraciones sanitarias. ¿Están funcionando los mecanismos de control constitucionalmente establecidos? Interviene: Francisco Caamaño, Catedrático de Derecho Constitucional. Universidade da Coruña. Javier Barnes, Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Huelva. Modera: María Emilia Casas, Consejo de Ciencias Sociales. Fundación Ramón Areces.

"Las opiniones expresadas por los ponentes no reflejan, necesariamente, las de la Fundación Ramón Areces ni de las instituciones en las que trabajan"

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